La extorsión en México llegó a niveles alarmantes en el primer trimestre de 2026: 2,915 personas fueron víctimas de este delito entre enero y marzo, una de las cifras más altas registradas en la última década y media. El dato llega en un contexto de fragmentación de los grandes cárteles, cuya dispersión ha multiplicado el número de células locales que compiten por territorios y que recurren a rentas ilegales más estables para financiarse.
Los expertos en seguridad señalan que la fragmentación del crimen organizado ha generado, paradójicamente, un aumento en los delitos de alto impacto cotidiano: extorsión, cobro de piso y robo con violencia se han disparado incluso en zonas donde los homicidios muestran una tendencia a la baja. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Guanajuato concentran el mayor número de reportes, pero el fenómeno se ha extendido a estados que históricamente tenían baja incidencia.
El delito no distingue por tamaño de negocio ni clase social: desde vendedores ambulantes hasta empresas medianas han reportado amenazas y pagos forzados. Organizaciones empresariales han exigido al gobierno federal una estrategia específica, argumentando que la inseguridad afecta directamente la inversión y el empleo en las regiones más golpeadas. Fuentes del sector comercio estiman que entre 15 y 20% de los negocios pequeños en zonas de alta incidencia pagan extorsión de manera regular.
Las autoridades federales reconocen el problema pero subrayan que la tasa de homicidios ha mostrado una reducción sostenida en los últimos meses. Los especialistas advierten que ambas tendencias son compatibles y que la reducción de la violencia letal no equivale a mayor seguridad: puede significar simplemente que los grupos criminales han encontrado formas más rentables y menos visibles de operar.