El Senado de Filipinas se convirtió en escena de un episodio sin precedentes en la historia parlamentaria mundial: al menos diez disparos interrumpieron una sesión legislativa mientras agentes federales intentaban ejecutar una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el senador Ronald Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional y uno de los más cercanos aliados del expresidente Rodrigo Duterte. El caos obligó a evacuar a periodistas y empleados del segundo piso del edificio.
Dela Rosa había huido a la sala del Senado días antes para evitar la detención, argumentando que su investidura parlamentaria le brindaba protección institucional. La orden de la CPI lo acusa del crimen de lesa humanidad de asesinato, vinculado a la muerte de no menos de 32 personas durante la brutal guerra contra el narcotráfico que Duterte lanzó entre 2016 y 2018 y que dejó miles de muertos en circunstancias jamás aclaradas.
La Corte Penal Internacional hizo pública la orden de arresto el 11 de mayo, luego de que permaneciera sellada desde noviembre de 2025. Tras los disparos y el caos del miércoles, Dela Rosa abandonó finalmente el edificio del Senado en la madrugada del jueves, aunque no quedó claro de inmediato si fue detenido formalmente o si logró salir bajo algún acuerdo transitorio con las autoridades.
El caso revive el debate global sobre la guerra sucia de Duterte y coloca a Filipinas en el centro de la atención de los organismos de derechos humanos internacionales. Para la CPI, el arresto representaría una de sus victorias más visibles en años recientes; para los defensores de los derechos humanos filipinos, es el inicio de una rendición de cuentas que llevan una década exigiendo.