México elevó la presión en la revisión del T-MEC con una petición directa: reducir el castigo arancelario que enfrentan los automóviles y el acero exportados a Estados Unidos. La negociación toca dos industrias que sostienen cientos de miles de empleos y cadenas productivas a ambos lados de la frontera.
Los vehículos que no cumplen las reglas de contenido regional pagan un arancel de 25%, mientras gran parte del acero mexicano enfrenta una tarifa de 50% bajo la Sección 232. Marcelo Ebrard cuestionó la lógica de ese cobro porque Estados Unidos mantiene un superávit en el comercio siderúrgico bilateral.
El saldo estadounidense en productos terminados de acero supera los 4 mil millones de dólares, según datos de la industria mexicana. Además, el acuerdo exige que 75% del contenido de un vehículo proceda de Norteamérica para acceder a las preferencias, un umbral que ya obliga a reorganizar proveedores y costos.
Si Washington concede una reducción, armadoras, siderúrgicas y proveedores mexicanos recuperarían margen para competir. Si mantiene las tarifas, el golpe puede trasladarse a inversiones, precios y empleos, justo cuando la revisión comercial necesita ofrecer certidumbre y no una nueva cadena de excepciones.
