El escándalo del examen de ingreso dejó de ser una falla técnica para convertirse en una crisis de confianza. Miles de jóvenes que ya se sentían dentro de la UNAM deberán volver a demostrar sus conocimientos, mientras otros ven en la prueba de control una segunda oportunidad para obtener un lugar.
La universidad convocó a quienes fueron seleccionados y a aspirantes cuyo puntaje alcanzó referencias de años anteriores. La aplicación presencial se realizará en cuatro ciudades, después de que resultados atípicos y denuncias de trampas obligaran a romper con la empresa que operó la plataforma digital.
El tamaño del problema rebasa el campus. La cobertura de educación superior supera el 100% en la capital por la llegada de alumnos de otras entidades, pero en Chiapas, Oaxaca y Guerrero no alcanza el 25%, de acuerdo con cifras citadas en la cobertura periodística del caso. Cada asiento disputado concentra así años de desigualdad territorial.
La consecuencia inmediata será un inicio de curso alterado para estudiantes de nuevo ingreso. La de fondo es más incómoda: la principal universidad pública del país tendrá que reconstruir la credibilidad de su selección y explicar cómo un sistema costoso permitió que la sospecha alcanzara tanto a quienes hicieron trampa como a quienes obtuvieron su resultado legítimamente.
