La nueva versión fue publicada el 28 de septiembre y presentada oficialmente por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
El documento busca homologar criterios de atención y brindar mayor certeza tanto al personal médico como a las personas que soliciten los servicios, de acuerdo con el marco jurídico vigente en cada supuesto.
La Secretaría de Salud explicó que el lineamiento incorpora cambios derivados de nueva evidencia científica, avances tecnológicos y modificaciones en el marco jurídico ocurridas desde versiones anteriores.
Servicios pasaron de 41 a 405
Uno de los datos presentados por las autoridades es el crecimiento de la infraestructura destinada a estos servicios.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la política pública de aborto seguro contaba con 41 servicios en 2021, mientras que actualmente existen 405.
La dependencia también reportó una disminución en el uso del legrado durante la atención de casos en el primer trimestre de gestación, debido al uso de métodos recomendados actualmente por la evidencia médica.
El nuevo documento establece criterios comunes para que las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud puedan ofrecer atención oportuna, integral y segura.
Esto incluye consideraciones específicas para niñas y adolescentes y contempla factores como autonomía progresiva, consentimiento informado, interés superior de la niñez y atención en situaciones relacionadas con violencia sexual.
Telemedicina y nuevos criterios clínicos
Entre las novedades de la edición 2026 se incorporan disposiciones relacionadas con el uso de la telemedicina, además de criterios para referir pacientes hacia otros niveles de atención cuando el caso lo requiera.
También fueron actualizados apartados relacionados con embarazo ectópico, manejo del dolor y atención en etapas gestacionales avanzadas.
La Secretaría de Salud señala que los criterios fueron elaborados tomando como referencia recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y evidencia científica disponible.
Además, el documento plantea ampliar determinadas funciones entre profesionales del sector sanitario, de acuerdo con las competencias de cada uno, con la intención de aumentar la capacidad de respuesta de los servicios.
No significa una despenalización automática en todo el país
La publicación del lineamiento debe distinguirse de las modificaciones a los códigos penales y legislaciones estatales relacionadas con la interrupción del embarazo.
El documento establece criterios técnicos, jurídicos y operativos para la prestación de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud, pero su publicación no equivale por sí misma a una reforma automática de todos los códigos penales locales.
Los supuestos de atención y el marco jurídico aplicable dependen también de disposiciones constitucionales, leyes federales, resoluciones judiciales y legislación vigente en las entidades.
La Secretaría de Salud explica que el documento pretende dar mayor certeza al personal sanitario sobre los diferentes escenarios en los que procede la atención.
Comienza etapa de implementación
El subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdés Vázquez, indicó que la publicación del documento representa el comienzo de una nueva etapa de implementación.
Para llevar los cambios a la práctica será necesario capacitar al personal médico, garantizar disponibilidad de medicamentos e insumos e incorporar los nuevos criterios dentro de los procesos de atención.
Como primer paso, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva tiene programada para los primeros días de noviembre una capacitación dirigida al personal operativo del sector salud sobre los contenidos de la edición 2026.
La titular del organismo, Teresa Ramos Arreola, explicó que la actualización responde a la evolución de la evidencia científica y del marco jurídico y busca que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan recibir atención oportuna e integral dentro de los supuestos correspondientes.
El documento también integra de manera transversal criterios de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad, pertinencia cultural y justicia reproductiva.
La Secretaría de Salud señaló que factores como edad, discapacidad, origen étnico, situación migratoria, condiciones socioeconómicas o contextos de violencia pueden generar barreras adicionales para acceder a servicios médicos y deben ser considerados durante la atención.
Con la publicación del nuevo lineamiento, el Gobierno federal busca que las instituciones sanitarias cuenten con criterios homogéneos para la atención y que la actualización normativa pueda traducirse en procedimientos médicos concretos en las unidades de salud.
