El anuncio se produjo después del ataque ocurrido el jueves 1 de octubre en la Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel y varias personas resultaron heridas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que el Gobierno trabaja en una iniciativa relacionada con contenidos violentos difundidos a través de redes sociales y plataformas digitales.
El objetivo planteado por el Ejecutivo es que las empresas tecnológicas asuman mayores responsabilidades cuando en sus servicios aparezcan publicaciones que inciten directamente a cometer actos violentos.
La propuesta todavía se encuentra en preparación y, por tanto, no constituye actualmente una nueva ley ni una regulación ya vigente.
De acuerdo con Reuters, el Gobierno mexicano espera presentar una propuesta la próxima semana.
Ataque en Torreón impulsa el debate
La discusión cobró fuerza después de los hechos ocurridos en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón.
Dos jóvenes de 18 años, exalumnos de la institución, fueron detenidos después de ingresar al plantel y realizar un ataque con armas blancas y artefactos rudimentarios.
La subdirectora de la secundaria perdió la vida y otras personas resultaron heridas. Las autoridades de Coahuila mantienen abierta la investigación para determinar con precisión la motivación de los agresores y establecer si existió influencia de comunidades o contenidos digitales relacionados con ataques similares.
Parte de la investigación se concentra en los dispositivos electrónicos y las comunicaciones de los dos detenidos.
La Fiscalía de Coahuila ha señalado que entre los elementos analizados aparecen referencias a personas que perpetraron ataques en instituciones educativas de otros países.
Sin embargo, las autoridades todavía buscan determinar el alcance real de esas influencias y si existieron contactos con otras personas o comunidades en internet.
Grupo de trabajo analizará regulación
El Gobierno federal anunció la integración de un grupo de trabajo para estudiar medidas relacionadas con la circulación de contenidos violentos, de odio, abuso y acoso en plataformas digitales.
El planteamiento incluye la participación de dependencias gubernamentales, especialistas y otros sectores con el objetivo de definir los alcances legales de una eventual regulación.
Uno de los aspectos que deberá resolverse es cómo definir jurídicamente qué contenidos constituyen una incitación directa a la violencia y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
También deberá determinarse bajo qué procedimientos se solicitaría a las plataformas retirar contenidos, qué autoridad supervisaría su cumplimiento y qué mecanismos existirían para impugnar decisiones.
México no es el único país que discute este problema.
Reuters señala que Australia, Reino Unido y países integrantes de la Unión Europea han impulsado diferentes mecanismos para exigir mayores responsabilidades a las plataformas digitales respecto de contenido perjudicial o ilegal. En América Latina también existen procesos regulatorios y judiciales relacionados con el funcionamiento de estas empresas.
La discusión mexicana estará centrada particularmente en la protección de niñas, niños y jóvenes frente a contenidos que promuevan directamente actos violentos.
Hasta ahora no se conoce el texto definitivo de la iniciativa ni las posibles sanciones para las plataformas que incumplan.
El proyecto deberá ser presentado formalmente y, dependiendo de su naturaleza jurídica, discutido por el Congreso antes de que pueda convertirse en una obligación legal.
