El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no esperó. Frente al arancel del 25 por ciento anunciado por Estados Unidos sobre productos brasileños, Brasilia activó de inmediato los instrumentos previstos en su Ley de Reciprocidad Económica y confirmó que recurrirá al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.
La Ley de Reciprocidad fue diseñada precisamente para escenarios como este: permite responder con medidas equivalentes a las restricciones comerciales unilaterales impuestas por terceros países. Es la primera vez que se activa con esta magnitud contra el principal socio comercial de Occidente.
Al llevar el caso a Ginebra, la disputa deja de ser un desacuerdo bilateral y se convierte en una prueba sobre la capacidad de los organismos multilaterales para contener el proteccionismo. El sistema de solución de controversias de la OMC arrastra años de debilitamiento por la parálisis de su Órgano de Apelación.
Para México, que negocia en paralelo la revisión conjunta del T-MEC, el episodio brasileño funciona como termómetro. Muestra hasta dónde puede llegar la política arancelaria estadounidense y qué herramientas tienen realmente los países afectados cuando la vía de la negociación directa se agota.
