El Ejecutivo venezolano notificó formalmente a Naciones Unidas su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional. La comunicación, dirigida al secretario general António Guterres, denuncia el Estatuto de Roma y pone en marcha un retiro que Caracas califica de "firme e irrevocable".
El gobierno venezolano sostiene que el tribunal actúa con sesgo contra África y América Latina, un argumento que ha acompañado otras salidas y amenazas de salida en las últimas dos décadas. La relación entre Caracas y La Haya llevaba años deteriorada por las investigaciones abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
La Corte respondió recordando un detalle jurídico decisivo: la denuncia del Estatuto de Roma no surte efecto inmediato. Venezuela seguirá obligada a cooperar con el tribunal durante un año completo, y el retiro no cancela las investigaciones ni los procedimientos ya iniciados sobre hechos ocurridos mientras el país era parte.
El movimiento ocurre en un momento particularmente delicado, con conversaciones de transición política en marcha y con Estados Unidos manteniendo asistencia humanitaria que supera los 180 millones de dólares tras los terremotos que golpearon al país. La salida de la CPI reordena el tablero de garantías legales justo cuando se negocia el futuro institucional venezolano.
