La investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entró en una nueva fase después de años de versiones rotas y promesas incumplidas. La Secretaría de Gobernación aseguró que nuevos datos y metodologías abrieron líneas de trabajo que ya derivaron en detenciones y vinculaciones a proceso.
Rosa Icela Rodríguez explicó que el análisis se realiza junto con la Fiscalía General de la República e incluye revisión de información, herramientas tecnológicas y trabajo de búsqueda en campo. La funcionaria no reveló cuántas personas fueron detenidas ni qué papel se les atribuye, con el argumento de no afectar las diligencias.
Claudia Sheinbaum tampoco descartó más capturas y señaló que la decisión corresponderá a la Fiscalía. El Gobierno prepara un informe conjunto entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la fiscalía especializada para explicar los avances, las nuevas hipótesis y los siguientes pasos.
La prueba decisiva será si las nuevas pistas rompen con la impunidad y logran resultados verificables para las familias. El anuncio eleva las expectativas, pero también la exigencia de transparencia: después de casi doce años, cada nueva línea deberá sostenerse en evidencia y no convertirse en otra explicación provisional.
