Una ofensiva estadounidense contra las finanzas del Cártel Jalisco abrió una incógnita explosiva para México: quiénes son los servidores públicos o integrantes de fuerzas de seguridad alcanzados por las restricciones de visa.
El Departamento de Estado confirmó que mantendrá bajo reserva las identidades y afiliaciones. La decisión llega después de una batería de sanciones que busca cortar redes de lavado, contrabando y protección política.
La acción financiera alcanzó a 39 personas y 16 empresas, mientras que el universo de restricciones migratorias llegó a 65 individuos señalados por presuntos vínculos con la organización criminal.
El silencio alimenta presión sobre el Gobierno mexicano y deja a funcionarios bajo sospecha sin posibilidad de conocer el alcance de la lista. La opacidad también amenaza con tensar otra vez la cooperación bilateral en seguridad.
