El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de 300 prisioneros en una medida que el gobierno presentó como un gesto humanitario, pero que llegó en el peor momento posible: en plena tormenta internacional por la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero, cuyo fallecimiento mientras estaba detenido generó una ola de críticas de organismos de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo.
Quero se convirtió en el símbolo más reciente de las denuncias contra las condiciones de detención en Venezuela, un tema que lleva años en el centro de los informes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Su muerte reavivó el debate sobre la impunidad en los centros de detención venezolanos y la falta de mecanismos independientes de control y supervisión.
La liberación de los 300 detenidos fue recibida con escepticismo por organizaciones opositoras y organismos internacionales, que señalaron que el anuncio no va acompañado de garantías de no repetición ni de una investigación transparente sobre la muerte de Quero. Varios de los liberados corresponden a casos de presos políticos que llevan meses o años en detención preventiva sin juicio.
El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una presión creciente en el plano internacional, especialmente desde las disputadas elecciones de 2024. La liberación masiva de presos es una táctica que el régimen ha empleado en otros momentos de alta exposición mediática, sin que ello haya significado cambios estructurales en sus prácticas de detención arbitraria.