El Tribunal Superior de Esuatini desechó una demanda presentada por organizaciones civiles que pretendían anular el acuerdo entre el gobierno y Estados Unidos para recibir a deportados de terceros países. Los jueces concluyeron que los demandantes no tenían legitimidad para impugnar el pacto, en parte porque no pudieron presentar una copia del convenio y porque la Constitución no reconoce el derecho a cuestionar decisiones de política exterior【359694914943389†L183-L210】.
Desde julio de 2025, Esuatini ha aceptado al menos 15 deportados de distintos países —incluidos Vietnam, Cuba, Laos y Yemen— a cambio de 5.1 millones de dólares, según documentos presentados en la audiencia【359694914943389†L183-L210】. Los migrantes han sido alojados en prisiones locales y uno de ellos ha sido repatriado a Jamaica.
El Centro de Litigios de Esuatini argumentó que el acuerdo viola derechos fundamentales y que las autoridades no consultaron al Parlamento. Activistas denunciaron que los retornados podrían enfrentar riesgos de persecución si son enviados a sus países de origen y criticaron que el gobierno actúe como un 'depósito' de deportados.
Esuatini, monarquía absoluta, ha sido objeto de críticas por la falta de independencia judicial. El fallo, sin embargo, también subraya la opacidad de los acuerdos bilaterales y la necesidad de mecanismos de supervisión para proteger los derechos humanos【359694914943389†L215-L224】.