La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes una de las iniciativas legales más ambiciosas contra la violencia de género en la historia reciente de México: una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio que establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, pérdida total de derechos parentales y la obligación de investigar cualquier muerte violenta de una mujer con perspectiva de género.
El proyecto surge tras años de señalamientos de organizaciones civiles sobre la impunidad que rodea al feminicidio en el país. En México se registran, en promedio, diez feminicidios por día, y una de las principales críticas al sistema actual es que los casos son frecuentemente reclasificados como suicidios o accidentes, lo que cierra investigaciones antes de que empiecen.
La propuesta homologa protocolos en los 32 estados, garantiza atención médica, psicológica y jurídica gratuita para víctimas indirectas —hijos, madres, hermanas— y establece que el Estado debe asumir la reparación del daño cuando el agresor no pueda hacerlo. Sheinbaum anunció el envío formal al Senado, pero advirtió que la ley deberá ser aprobada también por todos los congresos locales.
Activistas feministas han recibido la propuesta con cautela: celebran el endurecimiento de penas pero exigen que la ley sea aprobada sin modificaciones que diluyan su alcance. El debate legislativo promete ser intenso en las próximas semanas.
