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Una investigación de Reuters reveló que la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks decidió no atribuir un masivo ciberataque al gobierno chino en un informe difundido por su unidad de inteligencia. De acuerdo con fuentes internas, un borrador del documento señalaba que el grupo de hackers —identificado como TGR‑STA‑1030— operaba bajo órdenes de Pekín, pero la versión final describió a los agresores únicamente como un "grupo alineado a un Estado asiático". La decisión estuvo motivada por el temor de que el régimen chino tomara represalias contra la compañía o sus clientes.
Las fuentes explicaron que la modificación se produjo después de que China prohibió los productos de varias empresas estadounidenses e israelíes por presuntos riesgos a la seguridad nacional. Palo Alto tiene oficinas en Beijing, Shanghái y Guangzhou, así como decenas de empleados en el país, por lo que sus directivos valoraron los riesgos antes de publicar el informe. A pesar del lenguaje suavizado, los especialistas de la compañía siguen convencidos de que el ataque provino de China, basándose en pistas forenses como la zona horaria de los hackers y su interés en determinados países.
El reportaje señala que, aunque atribuir ataques es complejo, Palo Alto ha culpado públicamente a China en investigaciones previas. Sin embargo, en esta ocasión prefirió resaltar la magnitud del espionaje y advertir a gobiernos y empresas sin señalar a un responsable específico. La vicepresidenta de comunicaciones de la firma, Nicole Hockin, aseguró que la falta de atribución no está relacionada con regulaciones de China y que la intención era informar y proteger a los clientes.
Expertos consultados señalaron que las compañías de ciberseguridad enfrentan dilemas al denunciar operaciones patrocinadas por Estados: señalar a actores poderosos puede traer consecuencias comerciales y riesgos para el personal. Investigadores externos que revisaron el informe coincidieron en que las actividades descritas encajan con campañas de espionaje atribuidas a China. La polémica evidencia las tensiones crecientes en el ámbito digital y la cautela con la que actúan las empresas del sector.
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