La Cámara de Diputados de Argentina aprobó una reforma que reduce de 16 a 14 años la edad mínima para que una persona pueda ser juzgada penalmente. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo en línea con la agenda de seguridad del presidente Javier Milei y se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. La propuesta busca abordar el incremento de delitos cometidos por menores y endurecer las penas para quienes reincidan.
El debate en la cámara baja estuvo marcado por la confrontación entre quienes consideran que la modificación es necesaria para combatir la violencia y quienes advierten que criminalizar a los adolescentes no resolverá las causas profundas de la inseguridad. Organizaciones como UNICEF y la Conferencia Episcopal argentina expresaron su rechazo, señalando que la medida vulnera derechos de la niñez y puede fomentar la criminalización de la pobreza.
El proyecto original del gobierno proponía bajar la edad a 13 años y aplicar penas más severas, pero fue modificado tras negociaciones con bloques opositores. Entre los cambios aprobados se incluyeron medidas de reinserción social y la obligación de que el Ministerio de Desarrollo Social intervenga en los casos. También se eliminó la posibilidad de detener a menores por faltas que no sean delitos graves.
Los impulsores de la reforma argumentaron que el país enfrenta un aumento de homicidios perpetrados por menores y que la ley busca enviar un mensaje de intolerancia frente al crimen. Por su parte, los opositores señalaron que la baja de la edad de imputabilidad no ha demostrado ser efectiva en otros países y que se requieren políticas de prevención, educación y oportunidades para los jóvenes. La iniciativa pasará ahora al Senado para su revisión final.
