Daniel Ortega declaró que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones que permitan a la oposición disputar el poder. La frase, pronunciada ante simpatizantes, convierte en anuncio explícito lo que críticos y organismos internacionales venían denunciando como un cierre gradual de la vía democrática.
El gobernante comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, después de casi dos décadas continuas al frente del país. Su última elección fue cuestionada por el encarcelamiento o exilio de aspirantes capaces de competir con el oficialismo.
Ortega afirmó que impulsará leyes para impedir que fuerzas opositoras recuperen el Gobierno. La declaración elimina de facto la posibilidad de una competencia electoral al término del mandato previsto y consolida un modelo de poder familiar con instituciones subordinadas.
La decisión tendrá eco en México y Centroamérica por el flujo de exiliados, la presión diplomática y el deterioro regional de las garantías democráticas. También desafía a gobiernos latinoamericanos que deberán decidir si mantienen la relación habitual o elevan el costo político del cierre electoral.
