El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el próximo 1 de julio se realizará la reunión virtual en la que los tres países del T-MEC presentarán sus posicionamientos oficiales sobre la revisión del tratado. La fecha no es simbólica: el artículo 34.7 del acuerdo establece ese momento como la primera evaluación formal desde que el tratado entró en vigor, y lo que ocurra definirá si el acuerdo sigue como está o entra en una renegociación de fondo.
Desde Washington llegan señales inequívocas de que la administración Trump quiere cambios sustanciales, no ajustes menores. Las presiones se concentran en tres frentes: reglas de origen más estrictas para el sector automotriz, mayor control sobre insumos no regionales y una supervisión más agresiva de las cadenas de suministro. El subtexto político incluye también exigencias sobre migración y seguridad que México ha resistido vincular formalmente al acuerdo comercial.
La posición negociadora de México se ve complicada por una serie de decisiones internas que han erosionado la confianza de los inversionistas: reformas constitucionales que debilitaron al Poder Judicial, la eliminación de contrapesos institucionales y un crecimiento del PIB proyectado apenas entre 1.2% y 1.5% para este año. Analistas de IMCO y Coparmex advierten que México llega a esta mesa con menos argumentos que cuando negoció el TLCAN en 1994 o el propio T-MEC en 2020.
En el escenario más favorable para México, los tres países acuerdan extender el tratado hasta 2042 con ajustes puntuales y programar la siguiente revisión para 2032. En el peor, una renegociación completa que reabra capítulos enteros del acuerdo del que depende el 80% de las exportaciones mexicanas.