Quince transportistas víctimas de extorsión o secuestro en seis meses: esa es la cifra que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) presentó al gobierno federal para justificar el paro nacional que estuvo a punto de paralizar las carreteras del país este miércoles. Aunque la Secretaría de Gobernación logró suspender la acción a última hora tras un diálogo de emergencia, la amenaza dejó al descubierto una crisis de seguridad vial que las autoridades han minimizado durante meses.
Las demandas de los transportistas no son nuevas: exigen mayor presencia de la Guardia Nacional en corredores federales, el cese de extorsiones en retenes militares y federales, y la regulación de los cobros abusivos por servicios de grúas. A esto se suma la denuncia de corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde acusan cobros desproporcionados en trámites de licencias.
La movilización estaba planeada para los 32 estados del país, con especial concentración en los accesos a la Ciudad de México y el Estado de México. La jornada contemplaba iniciar con marchas lentas desde las 07:00 horas y escalar, en caso de no recibir respuesta, a un cierre total de las principales arterias del país. La coincidencia con el partido de México en el Mundial añadía una dimensión política complicada al escenario.
La suspensión del bloqueo no resuelve el problema de fondo. Los transportistas advirtieron que, si los compromisos adquiridos con Gobernación no se cumplen en un plazo definido, volverán a las calles con una movilización aún mayor. El sector del autotransporte de carga mueve más del 80% de las mercancías en México, lo que convierte cualquier paralización en una amenaza directa al abastecimiento nacional.
