La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que a partir de la segunda quincena de junio ajustará a la baja las pensiones del personal jubilado de confianza de la empresa, con el fin de que ningún retiro supere el equivalente a la remuneración mensual del presidente de la República. La medida es consecuencia directa de la reforma constitucional de austeridad que limita los salarios en el sector público federal.
Los trabajadores de confianza jubilados de la CFE habían mantenido esquemas de pensiones negociados en décadas anteriores, cuando la empresa gozaba de mayor autonomía en materia de compensaciones. Muchos de ellos recibirán notificaciones de ajuste esta quincena, lo que ya generó reacciones de inconformidad en grupos de exempleados de la paraestatal.
Desde la perspectiva del gobierno federal, la medida es una cuestión de equidad: ningún servidor público o extrabajador del Estado debería recibir una pensión superior a la del titular del Poder Ejecutivo. La CFE argumenta que el ajuste no es discrecional, sino que responde a un mandato constitucional vigente que la empresa está obligada a cumplir.
El debate no es menor. Algunos analistas laborales señalan que los contratos de jubilación son acuerdos legales que no pueden modificarse unilateralmente, lo que podría derivar en litigios. Mientras tanto, el impacto económico para los afectados puede ser significativo, dependiendo de cuánto supere su pensión actual el techo fijado.
