El gobierno de Pedro Sánchez en España activó uno de los procesos de regularización migratoria más ambiciosos de la historia europea reciente, abriendo la puerta a casi 900,000 personas que residen en el país sin estatus legal. El plazo de solicitudes vence el 30 de junio, y los requisitos incluyen acreditar residencia ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.
La iniciativa, que otorga a los beneficiarios una autorización inicial de un año con permiso de trabajo válido en todo el territorio español, fue presentada por el gobierno como una medida de justicia social y también de necesidad económica: el mercado laboral español, especialmente en sectores como la hostelería, la agricultura y la construcción, sufre escasez de mano de obra.
Sin embargo, la Comisión Europea salió al paso con una advertencia que generó tensión política: Bruselas recordó a Sánchez que es su 'responsabilidad' verificar individualmente que cada uno de los migrantes regularizados no suponga un riesgo para la seguridad pública. La advertencia, aunque formal, fue recibida por el gobierno español como una señal de desconfianza del bloque ante una decisión soberana.
El debate trasciende las fronteras de España. Con el auge de los partidos de extrema derecha en varios países europeos y la presión migratoria proveniente de África subsahariana y Oriente Medio, la regularización española se convierte en un punto de referencia para el debate continental sobre cómo gestionar la migración irregular sin violar los derechos humanos ni abrir brechas de seguridad.