La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que en el valle de San Quintín persisten abusos laborales contra los jornaleros agrícolas. Señaló que muchos trabajadores continúan bajo esquemas de "saliendo y pagando" en los que no cuentan con contratos formales ni prestaciones, y que se ven obligados a pagar por sus propios servicios.
Al presentar un plan de justicia social, Sheinbaum anunció que el gobierno ofrecerá contratos formales, seguridad social, acceso a hospitales, escuelas, viviendas y programas de atención infantil. Indicó que el objetivo es garantizar derechos laborales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
La iniciativa contempla reformas legales en febrero para regular los contratos agrícolas; activistas como Venustiano Hernández recordaron que los campesinos se ven obligados a laborar enfermos y son despedidos cuando no rinden, y aplaudieron que el gobierno retome sus demandas históricas.
Sheinbaum destacó que San Quintín fue pionero en organización sindical y que este proyecto busca erradicar las prácticas abusivas en los campos. Organizaciones de derechos humanos celebraron el anuncio pero exigieron su pronta implementación y supervisión.
