La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos oficializó un arancel de 10 por ciento a la mayoría de las importaciones mexicanas al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La determinación no llegó sola: alcanza a un total de 60 economías señaladas por el mismo motivo.
El expediente arrancó el 12 de marzo, cuando la USTR abrió investigaciones contra esas economías por la ausencia de una prohibición efectiva a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La oficina sostuvo consultas con más de 45 gobiernos y celebró audiencias públicas los días 28 y 29 de abril.
El 2 de junio la autoridad comercial estadounidense concluyó que las prácticas revisadas eran irrazonables y restringían su comercio, por lo que podían ser objeto de acción bajo la Sección 301. La oficina recibió y analizó más de mil 600 comentarios y sostuvo audiencias con la participación de más de cien testigos.
El matiz importa: el comunicado oficial no acusa a México de fabricar mercancía con trabajo forzoso, sino de no haber impuesto o aplicado con eficacia la prohibición para importarla. El golpe llega mientras el T-MEC atraviesa su proceso de revisión, lo que multiplica la incertidumbre para las cadenas productivas que dependen del mercado estadounidense.
