Estados Unidos impuso sanciones a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, y a otro funcionario del tribunal. La medida profundiza el choque entre Washington y la institución creada para investigar genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
Las sanciones congelan posibles activos bajo jurisdicción estadounidense y restringen operaciones financieras. El Gobierno de Donald Trump acusa a la Corte de actuar políticamente y de exceder su autoridad al investigar a ciudadanos de países que no reconocen plenamente su jurisdicción.
La CPI rechazó la presión y defendió la independencia de jueces y fiscales. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que castigar personalmente a quienes investigan puede intimidar testigos, proveedores y bancos vinculados con el tribunal.
El conflicto debilita un sistema ya limitado por la falta de fuerza propia para ejecutar órdenes. Si las potencias pueden sancionar a los jueces que las incomodan, perseguir crímenes internacionales dependerá cada vez más del poder político y menos de la ley.
