En medio de la polémica, Alejandro Vilches renunció como secretario nacional de Discapacidad, argumentando razones personales. El Gobierno anunció posteriormente a Pablo Di Liscia como su reemplazo.
La situación se suma a una investigación judicial por presunta corrupción que ya venía afectando al área. La causa involucra a Diego Spagnuolo, exdirector de Discapacidad y exabogado personal de Milei, además de otros exfuncionarios y empresarios.
El caso comenzó a tomar fuerza después de la filtración de audios en 2025 en los que Spagnuolo describía una presunta red de cobro de sobornos vinculada con la compra de medicamentos. Según esas grabaciones, el esquema habría recaudado entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales.
La justicia procesó en febrero a Spagnuolo, otros cinco exfuncionarios y 13 empresarios por su presunta participación en una asociación ilícita destinada a obtener ganancias con recursos públicos asignados a la atención de personas con discapacidad. Este martes, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los 19 acusados.
Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta críticas por su propuesta de presupuesto para 2027, que contempla cambios en las prestaciones para personas con discapacidad, la eliminación de precios únicos a nivel nacional y modificaciones en el sistema de actualización por inflación y en las pensiones.
Las medidas generaron rechazo entre organizaciones del sector, fuerzas opositoras e incluso aliados del oficialismo. Tras las críticas, el Ejecutivo abrió negociaciones para modificar su propuesta.
La combinación entre los ajustes presupuestarios, las irregularidades detectadas y la investigación judicial mantiene al área de discapacidad como uno de los principales focos de presión sobre el Gobierno argentino.
