-Súper batidero anticorrupción-La hemorragia en Pensiones-Gallegos aplaca a camioneros

Redacción

BATIDERO.- En Palacio de Gobierno insisten en que la línea es que no hay línea en las designaciones del nuevo fiscal anticorrupción y de auditor superior del Estado y, sea cierto o no, la verdad es que el proceso se ha vuelto un batidero que amenaza con reventar y terminar peor de como empezó la integración de todo el Sistema Estatal Anticorrupción.

BATIDERO I.- Mientras el gobernador Javier Corral jura y perjura que no tiene favoritos para esos cargos, el diputado panista Jorge Soto, quien lleva la conducción de ambos procesos, que son los nombramientos finales que faltan para acabar de integrar la enorme burocracia del SEA, mete la pata un día sí y otro también y no genera mucha confianza, más bien provoca confrontaciones que han llevado a percibir que todo en realidad está amañado.

BATIDERO II.- Ayudan a esa percepción los paneles de especialistas creados para uno y otro procesos, unos de fuera del estado que están en el supuesto top nacional de la intelectualidad y otros que ni en serio toman su función, lo que se muestra en lo apresurado y accidentado de los procedimientos, todo por apretar los tiempos y sacar los nombramientos antes de que acabe esta legislatura, a finales del mes próximo.

REGISTROS.- Si se revisa el avance de las convocatorias, ni siquiera hay personas notables inscritas para el cargo de auditor superior y para el de fiscal anticorrupción hay dos funcionarios estatales registrados: la directora de la Fiscalía de Control y Evaluación, Erika Jasso Carrasco y Francisco Javier Acosta, director de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lo que da la impresión de que se apuntaron con la bendición del poder estatal.

REGISTROS I.- Cómo estarán las cosas que para la Auditoría Superior del Estado se rumora que podría repetir el cuestionable e ilegítimo actual titular, Armando “el Oso” Valenzuela; y nomás faltaría que sacaran de prisión al “duartista” Jesús Manuel Esparza para que regrese a la ASE, dado que no hay perfiles suficientes o el proceso de plano no convence.

OPACIDAD.- A todo hay que añadirle la gran contradicción: los procesos más trasparentes se realizan en total opacidad, pues de los registros de aspirantes nadie sabe, quizás porque Soto Prieto y los panelistas súper dotados con inteligencia superior andan de vacaciones; o quizá porque por un lado tienen prisa de sacar los nombramientos antes de que termine la legislatura actual y por otro han hecho hasta lo imposible por ir detenidamente.

IMPORTANCIA.- Estos dos nombramientos son fundamentales para el Sistema Estatal Anticorrupción, pues básicamente se trata de la cabeza del Ministerio Público que actuará contra los funcionarios que incurran en delitos, con evidencia aportada por el auditor superior; así que no pueden dejarse a la improvisación y al accidentado, y manipulado por todos, procedimiento que se inventó en Chihuahua para las designaciones.

DESTINO.- ¿Qué se puede esperar de un procedimiento así de suelto y, a la vez, que se percibe profundamente amañado? ¿Qué confianza habrá de generar en la sociedad ya no el fiscal o el auditor, sino toda esa enorme burocracia que será el SEA, que de por sí no acaba de convencer de que será algo real y no mero contenido de los discursos oficiales?

HEMORRAGIA.- En términos médicos, Pensiones Civiles del Estado está en agonía por una hemorragia que lleva años sin parar y que se ha agudizado en los últimos dos años, desde que llegó el director Alberto Herrera González, cuya misión parece ser la de desmantelar el aparato de salud y seguridad social de los burócratas estatales.

HEMORRAGIA I.- La estructura “duartista” que Herrera González ha sostenido en PCE, agravada con el despido de prácticamente todos los médicos de prestigio que tenía la institución, es una de las heridas por las que sangra, pero no es la única, pues otras más la tienen en la quiebra y sin probabilidad de recuperación.

HEMORRAGIA II.- A la cabeza de esa estructura, aseguran los enterados, está el director de Finanzas de PCE, Mario Montemayor, tesorero de innumerables campañas del PRI, que ha sido protegido de Herrera desde su ingreso como director general en la administración de Javier Corral; al funcionario se le atribuye fácilmente un 90% de los despidos de personal que han provocado toda una revolución interna.

JUBILACIONES.- A eso hay que sumarle otra herida: decenas de pensiones y jubilaciones ordenadas a finales del sexenio pasado, de funcionarios “duartistas” desde luego, también tienen sangrando a PCE sin freno, aunque se habla de que están bajo investigación, lo que ya no resulta muy creíble si la administración actual se encamina a cumplir dos años y en este rubro, el de salud en general, no tiene un solo avance que pueda presumir.

COMPRAS.- A esto hay que agregarle las manipuladas compras de medicamento e insumos, todo lo cual se controla desde la Dirección General, sin vigilancia alguna, contrario a las adquisiciones de la administración centralizada. El problema de las medicinas es que se mantienen altos costos, de productos de dudosa calidad, aunque cada lunes y martes PCE boletine sus licitaciones públicas que, como todas, antes de concluir ya tienen un favorecido.

CORRUPCIÓN.- De la corrupción del pasado ni hablar, pero es sumamente extraño que los nombres de Pedro Hernández, Marcelo González Tachiquín, el misterioso “ingeniero” José Yáñez y el compadre incómodo Eduardo Almeida, exfuncionarios y exoperadores de César Duarte para ciertas adquisiciones, ni siquiera aparezcan por error en expedientes de Pensiones Civiles del Estado y la Secretaría de Salud que se hayan integrado para judicializarse.

SANGRÍAS.- Con esas sangrías, con esa corrupción e ineficiencia presente y pasada, sin exagerar se puede decir que PCE está al borde de un colapso mayor, pues para el presupuesto estatal en unos años será imposible mantener el nivel de subsidios que hasta ahora tiene. Será imposible porque no habrá presupuesto que alcance para cubrir ese pasivo enorme en que se ha convertido, lo que antes fue un envidiable sistema de salud y seguridad social.

IMPUGNACIONES.- A los partidos políticos, candidatos y actores involucrados en una elección, parece que les hace falta entender dónde acaban las campañas y que las impugnaciones ante los tribunales son parte del proceso electoral.

TRIBUNAL.- Esto viene a cuento por la resolución del Tribunal Estatal Electoral a favor del PRI en la elección de Buenaventura, en la que se ordenó revertir la constancia de mayoría al candidato del PAN, Armando Noriega y entregársela a la alcaldesa Miriam Caballero Arras, quien habría logrado su reelección.

TRIBUNAL I.- Llevar una protesta de “barzonistas” al TEE al saber cómo venía la resolución, es una tontería del PAN, de El Barzón y de los grupos que gravitan a su alrededor, pues por un lado la impugnación, hay que insistir, es parte del proceso electoral y por otro hay una última instancia a la cual recurrir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que para eso son las instituciones que el mismo sistema político, del que Acción Nacional forma parte, ha creado.

CIRCOS.- Vienen más impugnaciones y sentencias del TEE que podrán resultar sorpresivas, favorables, desfavorables, apasionantes si se quiere para los involucrados, pero es inadmisible que por todas se armen circos, si participaron con reglas claras en las que se incluyen los tribunales como las instancias sancionadoras de la elección.

TRANSPORTE.- El director general de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Legarreta, paró la enésima bronca con los concesionarios que lideran Juan Gómez y Francisco “el Güero” Lozoya, en una extraña mezcla de mano izquierda y mano dura, porque el problema se resolvió sin cargo al erario o a los usuarios del sistema de transporte y los reclamos de los camioneros fueron apaciguados, quién sabe cómo.

ACUERDOS.- Tras varios días de dimes y diretes entre el funcionario y los concesionarios, se lograron acuerdos para uniformar las unidades con un mismo color y diseño institucional, además para capacitar a los operadores de los camiones, a lo que siempre estuvieron renuentes los concesionarios, y para completar las 300 unidades alimentadoras que prometieron a cambio del aumento de la tarifa, de las que aún faltan 90.

MULTAS.- El tema que generó confusiones fue la condonación de multas a los concesionarios, pero -muy vivillo Gallegos- lo único que se condonó fueron las multas a los camiones, de cuando el Gobierno del Estado manejaba el sistema de transporte, para que no haya obstáculos para que todas las unidades sean regularizadas y anden derechitas.

MULTAS I.- En suma el Gobierno le condonó multas al Gobierno, evitó sacarse el dinero de una bolsa para echárselo en otra, aunque no faltaron los despistados que creyeron que les habían perdonado sanciones a los concesionarios.

DEDO.- Los concesionarios iban por dos cosas: aumento de la tarifa y que el Gobierno del Estado les entregara la ruta troncal de lo que ahora se llama Metrobús. ¿Y qué se llevaron? Nada. Pero el problema se resolvió, al menos por ahora, sin mayores afectaciones y con nuevos compromisos que cumplir.

INTERESES.- Para los conocedores, esta es la gran ventaja de que las negociaciones no sean entre partes de un mismo color, pues finalmente los concesionarios dependen de un sector del PRI y el gobierno es panista; y no se mezclan los intereses como en los sexenios pasados, en los que los camioneros amenazaban o hacían paros, que sólo se resolvían con la llamada desde el despacho del gobernador en turno, para que les dieran lo que pidieran.

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