La resolución fue emitida por jueces del tribunal internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, después de evaluar la capacidad del antiguo mandatario para participar en las actuaciones judiciales.
Duterte, de 81 años, tiene previsto comparecer ante la justicia internacional el próximo 30 de noviembre, cuando deberá enfrentar acusaciones relacionadas con asesinatos e intentos de asesinato presuntamente cometidos durante su política de combate a las drogas.
El proceso se encuentra vinculado con una de las etapas más polémicas de la historia reciente de Filipinas.
Durante su presidencia, entre 2016 y 2022, Duterte impulsó una campaña de seguridad pública que buscaba combatir el narcotráfico mediante operaciones policiales intensivas y medidas particularmente severas.
La estrategia recibió críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos debido al elevado número de personas que murieron durante las operaciones.
Diversas investigaciones señalaron posibles ejecuciones extrajudiciales y cuestionaron la falta de garantías procesales para numerosas personas señaladas como sospechosas de participar en actividades relacionadas con las drogas.
El expresidente defendió reiteradamente sus políticas de seguridad, argumentando que eran necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales y reducir los problemas asociados con el consumo y distribución de sustancias ilícitas.
Sin embargo, sus métodos provocaron una amplia controversia internacional.
La Corte Penal Internacional inició investigaciones para determinar si determinadas muertes registradas durante aquella campaña podían constituir crímenes contra la humanidad.
A diferencia de los tribunales nacionales, este organismo tiene competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de delitos internacionales especialmente graves, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando se cumplen las condiciones previstas en su estatuto.
La decisión anunciada este jueves no significa que Duterte haya sido declarado culpable.
El tribunal únicamente determinó que el exmandatario está en condiciones de continuar con el procedimiento, lo que permite avanzar hacia las siguientes etapas del caso.
El juicio será seguido de cerca por organizaciones internacionales, familiares de víctimas y sectores políticos filipinos que mantienen posiciones enfrentadas respecto al legado de Duterte.
Para las familias que durante años han exigido investigaciones sobre las muertes ocurridas en el contexto de la campaña antidrogas, el proceso representa una oportunidad de buscar justicia.
Por otra parte, los simpatizantes del expresidente sostienen que sus acciones estuvieron orientadas a combatir la delincuencia y defienden los resultados de su administración.
El desarrollo del procedimiento judicial será determinante para establecer si existen pruebas suficientes que permitan atribuir responsabilidades penales al antiguo mandatario.
