Las nuevas imputaciones también involucran a su esposa, Cilia Flores, quien ocupó diferentes cargos políticos durante el periodo en que Maduro estuvo al frente de Venezuela.
De acuerdo con información publicada este jueves 8 de octubre por Associated Press, los fiscales estadounidenses sostienen que ambos habrían participado en una estructura de poder responsable de autorizar y supervisar abusos contra personas consideradas opositoras al gobierno.
Entre los métodos de tortura descritos en la acusación se encuentran descargas eléctricas, golpes, asfixia y amenazas contra familiares de personas detenidas.
Las autoridades estadounidenses aseguran que estas prácticas habrían sido utilizadas como mecanismos de represión para mantener el control político y desalentar las manifestaciones de oposición.
La presentación de los nuevos cargos representa una ampliación del proceso judicial que Maduro y Flores ya enfrentaban en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Ambos fueron capturados en Caracas durante una operación realizada en enero de 2026 y posteriormente trasladados a territorio estadounidense, donde permanecen bajo custodia.
Entre los elementos mencionados en la investigación figuran testimonios de personas que aseguran haber sufrido abusos durante su detención en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Uno de los afectados obtuvo previamente una resolución judicial que le concedió una indemnización de 300 millones de dólares por los daños sufridos.
La investigación también podría involucrar declaraciones de antiguos funcionarios venezolanos, entre ellos Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia que se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.
La situación de Cilia Flores también ha sido objeto de atención judicial. Recientemente solicitó permanecer bajo arresto domiciliario por motivos de salud, pero un tribunal rechazó la petición al considerar que no existían elementos suficientes para justificar la medida y que persistía el riesgo de fuga.
El proceso representa uno de los casos judiciales más relevantes relacionados con un antiguo jefe de Estado latinoamericano en territorio estadounidense.
Durante años, organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias, persecución política y posibles actos de tortura en Venezuela.
Sin embargo, los nuevos cargos deberán ser examinados por los tribunales estadounidenses, donde corresponderá a los fiscales presentar pruebas que permitan determinar las responsabilidades individuales.
Las acusaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad, por lo que Maduro y Flores mantienen su derecho a defenderse durante el procedimiento judicial.
El caso podría tener consecuencias importantes en el escenario político y diplomático de Venezuela, además de convertirse en un precedente sobre el procesamiento de antiguos gobernantes por presuntas violaciones a los derechos humanos.
