Las autoridades rusas presentaron cargos contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, por presunta complicidad en actividades terroristas y lo incorporaron a una lista internacional de búsqueda. La medida intensifica el enfrentamiento entre Moscú y una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el país.
El Servicio Federal de Seguridad sostiene que Telegram no retiró canales y herramientas digitales que, según su versión, eran empleados por la inteligencia ucraniana y por grupos extremistas para sabotaje, reclutamiento y fraude informático. Las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal y la empresa no controla de forma directa los mensajes privados cifrados de sus usuarios.
Telegram es una vía de comunicación habitual para ciudadanos, medios, funcionarios e incluso dependencias del Kremlin. Esa penetración vuelve especialmente sensible cualquier intento de bloqueo, aunque el Gobierno ruso ha restringido progresivamente funciones de la plataforma y de otros servicios extranjeros.
Durov, quien reside en Dubái, ha defendido durante años la independencia de Telegram frente a los gobiernos. El caso se suma a una campaña más amplia de Moscú para controlar el espacio digital desde la invasión a gran escala de Ucrania y anticipa un nuevo choque sobre privacidad, moderación de contenidos y libertad en internet.
