La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Joel Alexander A. LL., por su probable participación en el delito de extorsión, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Lo anterior en razón de que, una vez que fueran escuchados los antecedentes de investigación, así como los razonamientos lógico jurídicos vertidos por parte de la representación social, una Juez de Control determinó que se encontraba debidamente acreditada la probable participación en el hecho delictivo.
De las investigaciones y tareas de inteligencia realizadas por la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, se desprende que, a finales de mayo del presente año, el imputado realizó mensajes intimidatorios y amenazantes a la víctima, en donde le exigía la cantidad de cincuenta mil pesos ($50,000.00) así como la entrega material de un vehículo, de lo contrario le causaría un daño físico y patrimonial.
La Fiscalía Especializada obtuvo una orden de cateo que libró un Juez de Control, para el ingreso a un domicilio ubicado en la localidad de Aldama, Chihuahua, en donde Agentes del Ministerio Publico y Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación lograron el aseguramiento de diversos indicios relacionados con el hecho delictivo.
Cabe señalar que la detención de Joel Alexander A. LL., se llevó a cabo por Oficiales adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).