Los tres especialistas encargados de investigar la situación de los derechos humanos en el país documentaron casos de encarcelamiento, tortura y persecución por motivos políticos como parte de lo que describieron como un ataque generalizado y sistemático contra civiles.
El reporte sostiene que instituciones como la policía, fiscales y servicios de inteligencia actuaron bajo una cadena de mando que alcanzaba altos niveles del Gobierno para identificar, vigilar y encarcelar a críticos.
Los expertos verificaron 161 casos de desaparición forzada desde abril de 2018, algunos con duración de varios días y otros prolongados durante años. También identificaron ocho casos de personas que murieron mientras se encontraban bajo custodia del Estado.
Según el informe, desde 2023 las autoridades intensificaron el uso de desapariciones prolongadas y operativos policiales a nivel nacional dirigidos contra los focos de oposición que permanecían activos. Los objetivos se ampliaron para incluir a integrantes de iglesias, líderes indígenas y antiguos funcionarios estatales y militares.
El documento también señala que mujeres detenidas fueron sometidas a abusos y humillaciones basados en género, incluidas amenazas de violencia sexual.
Los expertos vinculan estas prácticas con la represión posterior a las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega iniciadas en abril de 2018. Aquellos disturbios dejaron más de 300 muertos y provocaron la salida del país de numerosos nicaragüenses.
Reuters señala que Ortega es actualmente copresidente de Nicaragua junto con Rosario Murillo y que lleva cerca de dos décadas en el poder. En julio, Ortega declaró que el país dejaría de celebrar elecciones para impedir que la oposición volviera a tomar el Gobierno. En septiembre, el Congreso aprobó una reforma constitucional que prohibiría la participación de partidos opositores en las elecciones.
La misión diplomática permanente de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Los expertos de Naciones Unidas pidieron al Gobierno nicaragüense poner fin a las desapariciones forzadas y entregar información sobre el paradero de las personas desaparecidas.
