El sistema de salud mexicano enfrenta su transformación más ambiciosa en décadas: la creación del Servicio Universal de Salud, un modelo que busca integrar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al IMSS-Bienestar en una plataforma interoperable que elimine las barreras entre diferentes regímenes de atención médica.
El proyecto, que avanza en paralelo con las reformas presupuestales del gobierno de Claudia Sheinbaum, parte de un diagnóstico contundente: millones de mexicanos sin acceso a empleo formal quedan excluidos de los servicios de salud de mayor calidad, mientras las instituciones existentes operan con duplicidades y sin capacidad de compartir información clínica de sus derechohabientes.
La implementación del nuevo modelo está prevista de manera gradual, comenzando con estados piloto donde la infraestructura del IMSS-Bienestar ya tiene mayor presencia. El gobierno federal estima que la interoperabilidad plena entre las tres instituciones podría alcanzarse antes del cierre de la administración en 2030.
Críticos del sector salud señalan que los retos logísticos, tecnológicos y presupuestales son enormes, y que la experiencia internacional muestra que este tipo de fusiones institucionales suele tardar más de lo planeado y generar resistencias internas que ralentizan los procesos. Sin embargo, la demanda ciudadana por una salud más accesible y equitativa sigue siendo uno de los temas con mayor resonancia en las encuestas de aprobación del gobierno.
