La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sometió a consulta pública un anteproyecto para proteger los derechos de las audiencias de radio y televisión. Los concesionarios tendrían que adoptar un código de ética y designar a una persona defensora encargada de recibir y procesar quejas.
El proyecto pide diferenciar noticias de opiniones, separar publicidad de contenido editorial, evitar información falsa o descontextualizada e incorporar medidas de accesibilidad. Si una inconformidad no es atendida en un plazo máximo de 20 días, la autoridad podría abrir un procedimiento y, como última instancia, imponer sanciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que se trata de un mecanismo de autorregulación y no de censura, porque cada medio nombraría a su defensor y establecería su código. La consulta permanece abierta a audiencias, empresas, academia y organizaciones civiles antes de que la comisión emita las reglas definitivas.
Artículo 19 y especialistas en libertad de expresión advierten, sin embargo, que conceptos como verdad, falsedad o descontextualización requieren límites precisos. Su preocupación es que una interpretación discrecional incentive la autocensura o permita presión gubernamental sobre contenidos periodísticos legítimos.
