La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió asumir uno de los debates más profundos de la historia legal mexicana: si el Estado puede prohibirle a una persona enferma en fase terminal elegir el momento y la forma de su muerte. Por mayoría de votos, el Pleno atrajo un amparo en revisión presentado por un ciudadano diagnosticado con una enfermedad terminal que impugna los artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud que criminalizan al personal médico que auxilie a un paciente a terminar con su vida.
El caso llegó a la máxima corte argumentando que la resolución implica definir el alcance de derechos fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía médica. La ley vigente reconoce únicamente la llamada 'muerte natural' como forma válida de morir, lo cual, según los recurrentes, contradice los principios constitucionales de autonomía individual.
En México, la eutanasia activa y el suicidio asistido son conductas penalizadas. Los médicos que participen en ellas enfrentan penas de prisión. La Corte deberá analizar si esa prohibición absoluta es compatible con una constitución que garantiza el derecho a una vida digna y libre. El asunto será turnado a uno de los ministros para que elabore un proyecto de resolución.
El debate llega en un momento en que varios países latinoamericanos —Colombia, Ecuador, Chile— ya cuentan con marcos legales que permiten la muerte asistida bajo condiciones estrictamente reguladas. La decisión que tome la SCJN podría sentar un precedente que transforme radicalmente el sistema de salud y el derecho penal en todo el país.