El ataque ocurrió en un punto de la carretera Panamericana conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, en el suroeste de Colombia. Un cilindro cargado con explosivos, lanzado desde el monte por un grupo armado, cayó directamente sobre un autobús de pasajeros y destruyó también otros vehículos que circulaban en ese momento. El saldo fue de al menos 14 civiles muertos, incluidos menores de edad, y 38 heridos.
El comandante general de las Fuerzas Militares colombianas responsabilizó del ataque a las estructuras criminales de las disidencias de las FARC bajo el mando del alias Iván Mordisco. Según las autoridades, en las 48 horas previas se registraron 26 acciones terroristas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, configurando una escalada de violencia sin precedentes recientes en la región.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y ordenó la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. El atentado llega en un momento particularmente delicado: las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las distintas facciones armadas se encuentran estancadas o rotas, y la violencia en zonas rurales del Pacífico y el suroeste del país no cede.
Para México y América Latina, el atentado en la Panamericana es un recordatorio brutal de que el crimen organizado y las guerrillas no han desaparecido del subcontinente: se han transformado, diversificado y, en algunos casos, reforzado. La capacidad del Estado colombiano para responder a esta escalada será observada de cerca por los gobiernos de la región.
