Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustibles por ferrocarril. La decisión se tomó al cierre de una audiencia que se extendió por más de 30 horas en instalaciones judiciales contiguas al penal del Altiplano.
Seis de los acusados, incluido Ruffo, permanecerán en prisión preventiva; dos enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud y otra persona continuará recluida en un centro penitenciario del Estado de México. La vinculación permite que la investigación continúe y no equivale a una sentencia de culpabilidad.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada sostiene que el grupo utilizó 11 compañías para simular operaciones e introducir 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina en 163 carrotanques. La acusación señala al menos nueve embarques desde Deer Park, Texas, y ubica a la empresa Ingemar como una pieza del recorrido comercial investigado.
El caso coloca bajo escrutinio los controles aduanales y ferroviarios aplicados al comercio energético con Estados Unidos. La etapa siguiente incluirá el desahogo de pruebas y la revisión de la responsabilidad individual de cada imputado, mientras la defensa podrá impugnar las medidas cautelares y la resolución judicial.
