En un hecho inusual en el México de la polarización política, las seis bancadas de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad un dictamen que facultará al Congreso para homologar el tipo penal del feminicidio en todo el territorio nacional. La medida busca eliminar las disparidades legales entre estados que durante años han permitido que asesinatos de mujeres motivados por razones de género sean investigados y juzgados como simples homicidios, con penas significativamente menores.
Actualmente, la definición legal del feminicidio varía de manera significativa entre las 32 entidades del país. Algunas establecen condiciones tan específicas y difíciles de probar que en la práctica funcionan como un blindaje para los agresores. Organizaciones de derechos humanos llevan años documentando cómo esta fragmentación legal ha resultado en que cientos de casos de feminicidio sean reclasificados, archivados o simplemente mal investigados, dejando a las familias sin acceso a la justicia.
México registra más de diez feminicidios diarios según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una cifra que coloca al país entre los más violentos del mundo para las mujeres. La aprobación unánime del dictamen representa un consenso político sin precedente, aunque activistas y familiares de víctimas advirtieron que la homologación legal es condición necesaria pero insuficiente si no va acompañada de inversión real en capacitación de fiscalías.
La reforma constitucional deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos locales para entrar en vigor, abriendo una segunda batalla legislativa en los estados que históricamente han resistido la aplicación estricta de este tipo penal. El camino parlamentario que sigue será la prueba real de si el consenso del Congreso federal es reflejo de una voluntad política genuina o de un acuerdo que se disolverá en las negociaciones estatales.
