Al menos 33 personas murieron durante un ataque armado perpetrado contra una comunidad del este de la República Democrática del Congo, donde presuntos integrantes de una organización vinculada con el Estado Islámico incendiaron viviendas, saquearon propiedades y obligaron a decenas de familias a abandonar sus hogares.
Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves en la localidad de Cantine, ubicada en la provincia de Kivu del Norte, una región que enfrenta desde hace años una grave crisis de seguridad debido a la presencia de numerosos grupos armados.
De acuerdo con información difundida por Associated Press, representantes de organizaciones civiles locales atribuyeron el ataque a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), agrupación insurgente que mantiene vínculos con el Estado Islámico.
Justin Paluku, dirigente de una organización de la sociedad civil, informó que hasta este viernes se habían contabilizado 33 cuerpos y más de 50 viviendas incendiadas, además de importantes daños materiales.
El ataque provocó que numerosos habitantes huyeran hacia otras localidades en busca de refugio, mientras las autoridades intentaban evaluar los daños y determinar el número total de víctimas.
Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de la emergencia es su impacto sobre los servicios sanitarios.
El director médico del Hospital Kelekele, Christian Kakule, explicó que 180 pacientes abandonaron las instalaciones durante los enfrentamientos, incluidos algunos bajo sospecha de padecer ébola y al menos una persona con diagnóstico confirmado.
El personal sanitario alertó que la dispersión de pacientes y personas que permanecían bajo vigilancia epidemiológica podría complicar las labores de contención de la enfermedad.
La provincia de Kivu del Norte enfrenta un brote grave de ébola causado por la variante Bundibugyo, mientras la inseguridad dificulta el funcionamiento de hospitales, brigadas médicas y programas de seguimiento de contactos.
Las ADF tienen sus orígenes en Uganda y juraron lealtad al Estado Islámico en 2019. Desde entonces han sido señaladas por numerosos ataques contra comunidades civiles en la región fronteriza.
La presencia de otros grupos armados, entre ellos el movimiento M23, también ha contribuido a mantener un escenario de desplazamientos forzados, enfrentamientos y graves dificultades humanitarias.
Organizaciones locales cuestionaron la capacidad de las fuerzas de seguridad para impedir nuevos ataques, especialmente en zonas donde existen destacamentos militares.
La situación representa una doble emergencia para las comunidades afectadas: protegerse de la violencia y evitar que el desplazamiento de pacientes contribuya a la propagación de una enfermedad de alta peligrosidad.
