La organización realizó esta semana su primera visita a Venezuela desde 2008 y sostuvo reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, funcionarios del Gobierno, integrantes de la oposición, familiares de presos políticos, activistas, diplomáticos y periodistas.
Federico Borello, subdirector ejecutivo de HRW, señaló que durante los últimos meses se han registrado algunos cambios, entre ellos la excarcelación y liberación de cientos de personas y la aprobación de una ley de amnistía. Algunas de las personas consultadas por la organización afirmaron sentirse con mayor libertad que en años anteriores.
Sin embargo, Borello advirtió que estos avances todavía no pueden considerarse permanentes. “Sin esas reformas, todo puede volver a como estaba antes”, afirmó.
HRW considera necesarias modificaciones profundas al sistema de justicia y a los cuerpos de seguridad, así como cambios en las leyes que sancionan actos considerados de terrorismo y odio. Según la organización, estas medidas serían necesarias para reducir el riesgo de nuevas detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.
Borello señaló que el aparato legislativo e institucional construido durante los últimos 27 años permanece en gran medida intacto y que las reformas necesarias para impedir nuevos abusos todavía se encuentran en discusión.
CNN informó que solicitó una respuesta al Gobierno de Venezuela sobre los señalamientos de Human Rights Watch y, al momento de la publicación de la nota, seguía esperando comentarios.
En cuanto a las personas detenidas por razones políticas, la organización venezolana Foro Penal contabilizaba 344 presos políticos en el país. HRW pidió una liberación “total e incondicional”, lo que, según Borello, implicaría no solo su salida de prisión, sino también retirar medidas cautelares y cerrar las causas penales en su contra.
Durante su encuentro con Delcy Rodríguez, HRW aseguró que se abrió un nuevo canal de comunicación con el Gobierno venezolano, el cual espera mantener.
La organización también se refirió al proceso de conversaciones iniciado en agosto entre el Gobierno y una parte de la oposición. Entre los temas que se discuten se encuentran la atención a las personas afectadas por los terremotos de junio y una posible reforma al sistema de justicia.
En materia electoral, Human Rights Watch sostuvo que el objetivo debe ser garantizar elecciones “oportunas, libres y justas”, en las que los representantes de la oposición puedan participar sin restricciones.
