El documento, titulado Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024), analiza la manera en que los partidos políticos utilizaron los espacios reservados para grupos históricamente discriminados durante distintos procesos electorales.
Uno de los resultados que más ha llamado la atención corresponde a la representación indígena. De acuerdo con el estudio, de 49 legisladores identificados dentro de esta acción afirmativa, alrededor de 10 tendrían una representación orgánica dentro de sus comunidades, mientras que los demás casos presentan cuestionamientos sobre la forma en que se acreditó el vínculo comunitario.
El análisis advierte sobre prácticas de simulación, uso irregular de constancias y mecanismos mediante los cuales perfiles políticos pudieron acceder a candidaturas reservadas para comunidades indígenas sin contar con una trayectoria comunitaria suficientemente acreditada.
Las acciones afirmativas fueron creadas para garantizar que grupos históricamente subrepresentados —entre ellos comunidades indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, integrantes de la diversidad sexual y mexicanos residentes en el extranjero— puedan acceder efectivamente a cargos de elección popular.
El problema señalado por el estudio es que cumplir numéricamente con una cuota no necesariamente garantiza una representación efectiva de esas comunidades.
Los resultados vuelven a abrir la discusión sobre la necesidad de mejorar los mecanismos utilizados por partidos y autoridades electorales para comprobar la pertenencia a los grupos beneficiados por estas medidas y evitar que los espacios terminen ocupados por perfiles sin una representación sustantiva de las comunidades a las que deberían representar.
