El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.
Las nuevas disposiciones contemplan restricciones financieras y tecnológicas que podrían afectar de manera importante el funcionamiento del organismo. Entre las medidas se encuentran limitaciones para realizar operaciones mediante instituciones financieras estadounidenses, utilizar determinados servicios tecnológicos y efectuar transacciones relacionadas con el sistema financiero de Estados Unidos.
De acuerdo con la administración Trump, las sanciones responden a lo que considera actuaciones indebidas de la CPI, particularmente en investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses y dirigentes israelíes.
El Gobierno estadounidense sostiene que el tribunal ha excedido sus atribuciones al intentar ejercer jurisdicción sobre personas vinculadas con países que no reconocen plenamente su autoridad. Washington también acusa a la institución de actuar con motivaciones políticas en determinados procedimientos judiciales.
Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó las nuevas sanciones y advirtió que representan un ataque contra el Estado de derecho y los principios fundamentales del sistema jurídico internacional.
El organismo señaló que las restricciones podrían obstaculizar investigaciones relacionadas con crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad, además de afectar los mecanismos mediante los cuales las víctimas buscan justicia.
La CPI fue establecida para investigar y juzgar a personas acusadas de algunos de los delitos internacionales más graves cuando los sistemas nacionales no pueden o no están dispuestos a hacerlo. Actualmente cuenta con el respaldo de 125 Estados miembros, aunque importantes potencias, entre ellas Estados Unidos, Rusia y China, no forman parte del Estatuto de Roma.
Las relaciones entre Washington y el tribunal han sido complicadas durante diferentes administraciones. Sin embargo, las nuevas sanciones representan una intensificación de las medidas dirigidas contra el funcionamiento institucional de la Corte.
Gobiernos europeos, entre ellos Francia y Alemania, han reiterado su respaldo al sistema de justicia internacional y han manifestado preocupación por las consecuencias que podrían tener las restricciones estadounidenses.
Canadá y Japón también han expresado su apoyo a la continuidad de las funciones del tribunal, mientras que organismos defensores de derechos humanos han advertido sobre el precedente que representa sancionar a una institución judicial internacional.
La Unión Europea analiza posibles mecanismos para proteger determinadas operaciones del tribunal frente a las restricciones estadounidenses. Entre las alternativas se encuentra la utilización de instrumentos legales destinados a limitar los efectos de sanciones extranjeras sobre entidades europeas.
Las autoridades de la CPI reiteraron que continuarán con sus responsabilidades judiciales y que las presiones políticas no deben impedir la investigación de posibles crímenes internacionales.
El conflicto diplomático ocurre mientras diversos procesos relacionados con las guerras en Gaza y Ucrania mantienen bajo intensa atención a las instituciones encargadas de investigar responsabilidades individuales por violaciones graves del derecho internacional.
Para especialistas en relaciones internacionales, la decisión estadounidense podría profundizar las diferencias entre Washington y sus aliados europeos, especialmente en asuntos relacionados con la cooperación judicial y la protección de las instituciones multilaterales.
La controversia también plantea interrogantes sobre el futuro de los tribunales internacionales y su capacidad para operar cuando enfrentan.
