La Secretaría de Salud reconoció que existen casos de medicamentos destinados a hospitales y centros de salud públicos que han sido sustraídos y posteriormente ofrecidos a la venta, una práctica que afecta directamente a los pacientes que dependen de tratamientos gratuitos.
Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que algunas irregularidades ya se encuentran documentadas, mientras que otras requieren investigaciones adicionales.
El funcionario aclaró que estos casos no permiten responsabilizar de manera general al personal médico y de enfermería por los problemas de desabasto que enfrentan las instituciones.
Entre las medidas anunciadas se encuentra el fortalecimiento de la identificación de los medicamentos públicos, para que sus empaques permitan reconocer con mayor facilidad que se trata de productos destinados a distribución gratuita.
También se pretende avanzar hacia sistemas digitales de trazabilidad que identifiquen el origen, distribución y destino de los lotes, especialmente cuando se trata de tratamientos de alto costo.
Clark mencionó que algunos medicamentos pueden superar los 200 mil pesos por caja, lo que hace especialmente relevante establecer mecanismos de seguimiento.
La Secretaría también busca reforzar el control sobre las empresas proveedoras mediante registros de cumplimiento de entregas. Las compañías que no abastezcan los productos comprometidos podrían quedar excluidas de determinados procedimientos de compra.
Por ahora, las autoridades no presentaron una cifra nacional consolidada de medicamentos desviados. La magnitud económica y penal de los casos deberá establecerse mediante investigaciones específicas.
