Paraguay atraviesa una de sus crisis políticas y financieras más graves de los últimos años, luego de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia al cargo en medio de un escándalo bancario que provocó protestas ciudadanas y abrió un proceso de juicio político en el Congreso.
La controversia comenzó después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una institución financiera digital que había experimentado un rápido crecimiento y mantenía cuentas de aproximadamente la mitad de la población del país.
La intervención provocó que millones de usuarios enfrentaran restricciones para disponer de sus recursos, situación que desató inconformidad social, manifestaciones y cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero paraguayo.
Según información de Reuters, Peña mantuvo vínculos empresariales con la institución bancaria, pues hasta 2025 figuró como accionista de la sociedad propietaria del grupo financiero.
Las acusaciones contra el mandatario incluyen presuntos conflictos de interés, irregularidades en la supervisión bancaria y posibles manejos indebidos de recursos públicos, particularmente fondos relacionados con el sistema de pensiones.
El presidente ha rechazado las acusaciones y sostiene que el problema corresponde a asuntos regulatorios, por lo que no se ha establecido judicialmente su responsabilidad en los hechos denunciados.
Ante la presión política, Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre. Sin embargo, el Congreso no concretó su aceptación formal, lo que llevó a continuar con el procedimiento de destitución.
Este viernes, el Senado avanzó con el juicio político y rechazó, por 39 votos contra tres, la solicitud presidencial de disponer de 72 horas adicionales para preparar su defensa.
Peña no acudió personalmente a la sesión y quedó representado por sus abogados, quienes cuestionaron las condiciones y la validez del procedimiento.
Mientras tanto, la crisis bancaria continúa afectando a miles de familias, trabajadores y jubilados que no han podido recuperar completamente sus depósitos. Las autoridades han comenzado a liberar algunos recursos y aseguran que existen mecanismos para proteger la mayor parte del dinero depositado.
El escándalo también provocó la salida del titular del Banco Central y el inicio de procedimientos judiciales contra ejecutivos de la institución financiera intervenida.
La situación mantiene la atención de los mercados internacionales y de países vecinos como Brasil, uno de los principales socios comerciales de Paraguay.
Hasta el último reporte consultado, Santiago Peña permanecía formalmente en la Presidencia, mientras el Senado continuaba evaluando las acusaciones en su contra. En caso de concretarse su salida, la sucesión correspondería al vicepresidente Pedro Alliana.
La resolución del proceso será decisiva para determinar el futuro político del país y la respuesta institucional frente a las reclamaciones de los ahorradores afectados.
