Dos agentes estadounidenses que fungían como instructores adscritos a la embajada de Estados Unidos en México murieron durante un operativo de seguridad en el estado de Chihuahua, en un hecho que también cobró la vida del jefe de Investigación local y de un elemento policial mexicano. El incidente representó uno de los episodios más graves de violencia vinculada a estructuras del crimen organizado en lo que va del año.
El operativo, cuyas circunstancias exactas investigan ambos gobiernos, ocurrió en una zona de alta actividad delictiva en el norte del país. La presencia de instructores extranjeros en labores de campo ha sido objeto de debate en México, donde la colaboración con agencias estadounidenses bajo distintos marcos legales ha sido motivo de tensiones políticas recurrentes.
El gobierno de Estados Unidos emitió una declaración exigiendo una investigación exhaustiva y transparente, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la apertura de una investigación interna para determinar las condiciones que derivaron en las muertes. El incidente coincide con un periodo en que ambos países negocian la renovación de los términos de cooperación en seguridad.
Organizaciones de derechos humanos señalaron el hecho como evidencia de los riesgos que enfrenta el personal operativo en zonas de conflicto activo contra el crimen organizado. La presión sobre el gobierno federal para rendir cuentas sobre las circunstancias del operativo crece tanto en el frente interno como en el diplomático.
