El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a ser el centro del huracán político. La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, acusó al gobierno federal de protegerlo en medio de las versiones sobre presiones de Washington tras el incidente de los agentes de la CIA. Morena respondió en bloque y el cruce de señalamientos paralizó la agenda legislativa.
El detonante fue una nota de UnoTV revelando un aumento patrimonial de Rocha durante su gestión, justo cuando la Fiscalía revisa decisiones de su administración en materia de seguridad. La oposición exige que rinda cuentas y abandone su licencia para someterse al escrutinio público.
La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Puebla y bajo la sombra simbólica de Ignacio Zaragoza, defendió la soberanía nacional y tildó las acusaciones de "distracción política" frente a la coyuntura económica y de seguridad.
El episodio coloca al país en una tensión pre-electoral inusual para mayo: con el proceso del 2027 a la vuelta de la esquina, los partidos parecen ya estar midiendo músculo en cada conferencia de prensa. La pregunta es si Rocha resistirá la presión o terminará convertido en moneda de cambio política antes del verano.
