Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, México completó una de las reformas laborales más significativas de las últimas décadas: la reducción progresiva de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales. La medida, aprobada por el Senado en febrero, establece un periodo de transición escalonado que se extenderá hasta 2030 para dar margen a las empresas de adaptarse.
El decreto contempla una reducción gradual: la jornada máxima pasará de 48 horas a 46 en el primer año, y continuará disminuyendo hasta alcanzar las 40 horas en el plazo establecido. Los trabajadores del sector salud, vigilancia, transporte y otros servicios esenciales tendrán esquemas diferenciados que serán regulados mediante normas complementarias.
Las cámaras empresariales han advertido que la implementación apresurada podría incrementar los costos laborales entre un 10 y 15%, especialmente en industrias donde la producción depende de turnos de ocho horas. Sin embargo, organizaciones sindicales celebran la medida como un paso histórico hacia el reconocimiento del derecho al tiempo libre en México, uno de los países con más horas trabajadas por año en la OCDE.
La reforma entra en vigor en un contexto de presiones salariales derivadas de la inflación global y el encarecimiento de la canasta básica vinculado al conflicto en Medio Oriente. Analistas advierten que el verdadero reto no está en la ley, sino en la inspección laboral: México sigue siendo un país donde la norma escrita y la práctica cotidiana divergen con frecuencia en las pequeñas y medianas empresas.