Un contrato de Pemex por vehiculos especializados reabrio la pregunta sobre como se conectan empresas, notarías y poder politico. El Universal documentó que Arrendo Serv, integrante del consorcio beneficiado, fue constituida ante una notaría de Villahermosa vinculada al llamado Grupo Tabasco.
El acuerdo, por hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos, fue adjudicado de manera directa para arrendar unidades destinadas a labores contra el robo de hidrocarburos. Segun la publicacion, el contrato fue denunciado ante la UIF, el SAT y la FGR por posibles conflictos de interes y simulacion de competencia.
El punto que encendio nuevas alarmas fue el cambio posterior de objetos sociales. Las empresas ampliaron sus actividades despues de la adjudicacion, con giros relacionados con transporte, arrendamiento, logistica y servicios para organismos publicos.
La consecuencia politica es evidente: Pemex no solo enfrenta presion financiera y operativa, tambien un escrutinio sobre sus proveedores. Cada contrato de alto monto se vuelve una prueba de transparencia en un sector que afecta energia, seguridad y gasto publico.
