El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llegó a México en una semana particularmente incómoda para el gobierno federal: el país acaba de protagonizar un tiroteo en una de sus zonas arqueológicas más emblemáticas, un escándalo de inteligencia con Estados Unidos y el cuestionamiento internacional sobre la presencia de agentes extranjeros en operaciones dentro de su territorio.
La visita, planeada con anticipación, se convirtió de facto en una auditoría informal del estado de la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos. El comisionado planteó interrogantes sobre mecanismos de rendición de cuentas, la militarización de la seguridad pública y el acceso a la justicia para víctimas de la violencia, temas históricamente sensibles en la agenda bilateral México-ONU.
Organizaciones civiles mexicanas aprovecharon la visita para entregar documentación sobre casos de desaparición forzada, violaciones a derechos de migrantes en tránsito y el uso desproporcionado de la fuerza en algunas regiones del país. La recepción oficial buscó subrayar los avances en materia de bienestar social y reducción de pobreza.
El gobierno de Sheinbaum respondió con cautela, subrayando los avances en materia social y la voluntad de cooperación internacional, pero sin comprometerse a mecanismos específicos de monitoreo externo. El informe final del comisionado se dará a conocer en las próximas semanas y podría generar presión diplomática adicional.
