La Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el ministro Hugo Aguilar, ha comenzado a marcar un perfil distinto al de administraciones anteriores. El máximo tribunal discutió desde la protección de la privacidad en actas de nacimiento hasta criterios más estrictos para evitar abusos del SAT contra contribuyentes.
El asunto de las actas de nacimiento parecía menor hasta que la Corte lo convirtió en un asunto de derechos digitales. Los ministros consideraron que los datos sensibles de nacimiento, incluida la filiación, no pueden circular sin control en bases de datos públicas o privadas, y obligaron al Registro Civil a blindar el acceso.
En materia fiscal, el tribunal acotó la facultad del SAT para presumir operaciones simuladas sin pruebas suficientes, una sentencia que beneficiará a miles de contribuyentes con cuentas congeladas o créditos fiscales en discusión. La decisión fue celebrada por barras de abogados y criticada por sectores oficialistas, que la leen como un freno al combate a la evasión.
La conformación de la Corte tras la reforma judicial ha sido cuestionada desde su instalación, pero estos primeros pronunciamientos comienzan a delinear una orientación clara: ampliar derechos individuales y poner límites a la maquinaria recaudatoria. Para la oposición, la Corte progresista que se prometió en campaña empieza a tomar forma. Para el oficialismo, el reto será no chocar con sus propias prioridades fiscales.