La Suprema Corte resolvió una controversia que enfrentaba la enseñanza del español con el uso del lenguaje inclusivo. El tribunal mantuvo la obligación de enseñar las reglas gramaticales, pero rechazó que esa norma funcione como prohibición.
El pleno consideró constitucional la disposición escolar analizada siempre que se interprete sin censurar expresiones inclusivas ni eliminar contenidos con perspectiva de género.
La sentencia distingue entre aprender una norma lingüística y castigar otras formas de expresión. Docentes podrán explicar la gramática académica y, al mismo tiempo, abordar usos sociales que buscan visibilizar identidades.
El fallo fija una referencia para escuelas de todo el país. Su aplicación dependerá de materiales, capacitación y reglas claras que eviten convertir una clase de lengua en un mecanismo de discriminación.
