Los datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) trazan una geografía de la privación: los estados del sur de México —Chiapas, Guerrero, Oaxaca— concentran los índices más elevados de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con tasas que en algunas comunidades rurales duplican el promedio nacional. La zona metropolitana presenta indicadores sustancialmente mejores, pero la brecha entre ambas realidades sigue siendo escandalosa.
La desnutrición crónica —que se mide por la talla baja para la edad— afecta el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje y la salud a largo plazo de los niños. Los expertos advierten que los programas de transferencias directas han mitigado la pobreza de ingreso, pero no han logrado traducirse en mejoras nutricionales equivalentes.
El INSP señala como factores determinantes la falta de acceso a agua potable, la diversidad limitada en la dieta, la prevalencia de enfermedades diarreicas y la distancia a servicios de salud en comunidades remotas. Las mujeres embarazadas en estas zonas también registran deficiencias de hierro y ácido fólico que agravan el cuadro desde antes del nacimiento.
La presentación del estudio coincide con la revisión del presupuesto federal para programas de nutrición infantil. Organizaciones de la sociedad civil piden que los datos del INSP se traduzcan en asignaciones presupuestales diferenciadas por región, en lugar de programas uniformes que no atienden las desigualdades estructurales.
